Globovisión
El tribunal Séptimo de Control del Área Metropolitana de Caracas envió a juicio el expediente de la abogada e integrante del Foro Penal de Venezuela, Mónica Fernández por el caso en el cual se le acusa de detener de manera ilegal al ex ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, durante los hechos de abril de 2002. Le dictaron una medida cautelar sustitutiva de prohibición de salida del país. Además, sólo admitieron el 28% de las pruebas de la defensa, mientras que fueron admitidas, sin reserva, el 100% de las del Ministerio Público. Para el abogado de Fernández, Gonzalo Himiob, “no pasó nada menos de lo que se esperaba. Se cerró un nuevo eslabón en los actos de persecución por motivos políticos en este país”.

 
Además, afirmó que “pasaron cosas insólitas” debido a que, a su juicio, la acusación de la Fiscalía estaba mal redactada y no precisaba los hechos que se le imputan a Fernández, e igualmente fue admitida alegando que los “errores materiales pueden ser subsanados durante la audiencia”.

La medida de prohibición de salida del país fue dictada aun cuando la juez consideró que la acusada tenía suficiente arraigo en el país, según comentó Himiob, por lo cual afirmó que “esto cercena el derecho al trabajo de Mónica Fernández, porque además de ser activista de Derechos Humanos en Venezuela es empleada de la ONU como experta en seguridad policial”.

Otro de los abogados de la acusada, Antonio Rosich, respondiéndole al Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, le dijo que la jueza aceptó el 100% de las pruebas presentadas por el Ministerio Público cuando sólo el 28 por ciento de las de la defensa fueron admitidas. “Esto corresponde a aproximadamente 11 testimoniales que se promovieron de algunos funcionarios del tribunal, judiciales y, muy particularmente de los alcaldes Leopoldo López y Henrique Capriles Radonsky, que conocen los hechos al detalle”.

Denunció que “la mayoría de los testimonios de las  personas que pueden favorecer a Mónica Fernández en este proceso fueron negados de manera expresa” y que les sorprende que el ex ministro de interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chapín, implicado en el caso, “no fuera promovido por el Ministerio Público ni acudió a ninguna de las sesiones”.

Por su parte, el testimonio del General (r) Lucas Rincón si fue admitido. El caso fue enviado a la Oficina de distribución de los tribunales penales que dictará cuál se encargará del expediente.