El Nacional
Lorena Meléndez      
Para la abogada penalista, Mónica Fernández, el artículo 20 de la nueva Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, en el que se contempla la actuación de las autoridades sin que se requiera una orden judicial o fiscal, es una de las medidas más graves dictadas por el Ejecutivo en el marco del control total que se ha impuesto sobre los diferentes cuerpos de seguridad. Fernández señala que, en sí misma, la existencia de una contrainteligencia va en detrimento de los derechos democráticos y alienta la persecusión sobre quienes disienten del gobierno de Hugo Chávez.

 

La abogada insistió en que este apartado no puede tomarse fuera de contexto sino que debe entenderse dentro del marco de las leyes dictadas por "un Ejecutivo aliado de grupos irregulares y que le mete ideología a los policías".

La mayor debilidad del referido artículo recae, según Fernández, en que será el policía quien determine si el hecho es o no "definitivo o irreproducible" sobre el que pueda actuar. El peligro, advirtió, está en el poder que se le da al funcionario a quien describió como "revolucionario, subersivo, insurgente", y al servicio de las órdenes del Ministerio de Interior y Justicia.
 
"¿Quién se defiende de una prueba recogida bajo estos parámetros?, ¿Cómo me defiendo de la prueba? ¿Cómo se va a incorporar? ¿Quién la va a conocer?", cuestionó la abogada. 

Afirmó, además, que la reestructuración de los cuerpos de seguridad mediante esta Ley - que contempla la desaparición de la Disip y la Dim y la creación de cuatro instituciones que las sustituyan - responde al interés del Gobierno de cambiar el poder de penetración de labores de inteligencia y contrainteligencia en las que podrían introducirse las grabaciones ilegales y otras actividades invasivas y en contra de los derechos ciudadanos.