TalCual
Luisa Benavides
Conatel no quiere esperar más. La directora del organismo regulador, Elda Rodríguez, asegura que empezarán a aplicar las sanciones correspondientes a los medios de comunicación que hayan incumplido con las normas de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión. "Dependiendo de la gravedad, como se tipifica en la Ley, las sanciones van desde el cese de espacios en el propio medio donde se cometió la infracción, pasando por multas, hasta un cierre temporal de 72 horas", indicó Rodríguez, quien aseguró que estas acciones están amparadas bajo el marco legal. La directora de Conatel acepta que los procedimientos, 22 en total, marcan un antes y un después en la historia de las telecomunicaciones en Venezuela.

AUMENTA LA PRESIÓN
La confiscación de los equipos de transmisión de la emisora Máxima 98.5 ubicada en San Antonio de los Altos y el cierre de Mágica 99.5 el mismo día que se le comunicó a su directiva la apertura de un procedimiento administrativo, son algunos de los casos contra medios de comunicación que se presentaron este año. Pero el más reciente es el de la planta televisiva Televen, que recibió un oficio el 2 de abril por la transmisión de la serie animada Los Simpsons en horario todo usuario.

Según Conatel, los contenidos que presenta dicho programa "podrían infringir las prohibiciones de difusión en dicho horario de mensajes que atentan contra la formación integral de niños, niñas y adolescentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión". El ente agregó que también están actuando "en atención a denuncias recibidas por parte de los usuarios".

Ese mismo día el portal de Conatel publicó el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio al anunciante Movistar y a las operadoras de televisión abierta Globovisión, Venevisión, Meridiano y Televen, "por la difusión de la publicidad del servicio de mensajería instantánea Windows Live Messenger, dado que podría contravenir lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el cual establece que no está permitida la publicidad que estimule prácticas o hechos que violen la legislación en materia de tránsito y transporte".

Según el comunicado, dichas prácticas se refieren al uso de equipos e instrumentos electrónicos mientras se conduce. "Con el objeto de resguardar el derecho a la defensa y al debido proceso que ampara a todos los administrados, se le otorgó a dichos operadores diez (10) días hábiles para exponer sus alegatos y defensas, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Responsabilidad Social en Radio y Televisión".

COGEN SEÑA DE ARRIBA
La cadena de procedimientos administrativos emprendidos en las tres últimas semanas podría responder a las declaraciones que dio Andrés Izarra, ministro para la Comunicación y la Información, reseñadas por la ABN el 24 de marzo. En aquella oportunidad comentó sobre el caso Globovisión y de otras televisoras privadas, que "el directorio de responsabilidad en radio y televisión parece que se quedó mudo, no hemos sabido más nunca de él, ni de sus reuniones, ni qué se está discutiendo. No han convocado más a los directores de medios".

Izarra pidió además que el directorio saliera del anonimato para "hacer valer el derecho de los usuarios y usuarias en Venezuela que tanto peleamos por lograr esa Ley que de alguna forma trata democratizar y poner ética a los contenidos que se emiten en televisión".

Un día antes, el presidente Chávez ordenó a Conatel que dejara de "engavetar todos los procedimientos administrativos" y empezará a tomar las medidas correspondientes para sancionar a los canales que supuestamente incumplían la Ley.

SEGUIRÁN RESTRICCIONES
El periodista Roberto Giusti considera que la actitud vigilante de Conatel en los últimos meses refleja que el organismo "trata de controlar los medios en un momento en el cual no parece haber ninguna posibilidad de que ellos puedan ir más allá de lo que han hecho hasta ahora, es decir, ir más allá de los procedimientos de carácter administrativo". Giusti señala que a pesar de que haya una orden presidencial para extremar los controles, la imposibilidad de concretar las amenazas radica en el ambiente de rechazo que existe en el país contra cualquier medida que atente contra la libertad de expresión, "eso quedó evidenciado con el cierre de Radio Caracas Televisión".

Para Giusti queda en evidencia que el Gobierno utiliza la Ley para tratar de neutralizar el descenso del apoyo al Presidente. "Están buscando pretextos para penalizar, agarrándose de cualquier detalle.

Se trata precisamente de eso, de utilizar la Ley como un mecanismo de cohesión e intimidación, pero no tienen el mismo poder ni la misma fuerza que tuvieron en años anteriores. La misma postergación del currículo bolivariano y de las obras en La Carlota demuestran este debilitamiento".

Para el periodista Marcelino Bisbal no es gratuito que el Gobierno haya respondido frente a la reunión Interamericana de prensa con el encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático e indica que el Ejecutivo va a efectuar otro evento con las mismas características y la misma temática.

Bisbal recuerda que este año es muy importante para el presidente Chávez por las elecciones de noviembre. "El Gobierno, según las encuestas, va a salir bastante maltrecho dependiendo de cómo actúe la oposición. Los medios de comunicación se convierten entonces en una plataforma electoral muy importante y en un blanco potencial a regular".