Comunicado, leído por Gisela Parra de un n grupo de venezolanos en el exilio

El Nacional
El 30 de octubre un estudiante de la Misión Sucre fue detenido por funcionarios del Comando Regional 7 de la Guardia Nacional, cuando manifestaba en las calles de Anaco junto con un grupo de trabajadores de la industria petrolera. Dos días después, José Gregorio Chacón, de 23 años de edad, fue presentado ante el Tribunal 16 de Control Militar, con sede en Lecherías.

Un teniente y fiscal castrense le imputó el delito de ultraje al centinela, por lo que el joven podría ser sentenciado con pena de prisión hasta por 16 años. Mientras se desarrolla el juicio, el estudiante permanecerá en una celda del pabellón para procesados militares de La Pica.

En el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, Los Teques, el general de brigada del Ejército y ex ministro de Finanzas Francisco Usón purga una condena de cinco años y medio de prisión, pues un tribunal militar consideró que había ultrajado a la FAN cuando explicó en radio y televisión cómo opera un lanzallamas. El oficial fue consultado a propósito del homicidio de dos soldados y las lesiones de otros seis, ocurridos en una celda de Fuerte Mara, en Maracaibo.

En ambos casos, el factor común es la utilización de la justicia militar para perseguir y encarcelar a personas que disienten del Gobierno. Otro tanto sucede en los tribunales ordinarios, por ejemplo, con la reactivación del expediente por rebelión civil contra el ex gobernador de Miranda Enrique Mendoza y su asistente de prensa, Milagros Durán, debido al cierre de Venezolana de Televisión durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos ha documentado 400 casos de activistas sociales sometidos a juicio en estas condiciones, tanto en los tribunales civiles como en los militares. Algunos procesos, como el de Chacón, hasta el momento no habían sido reportados por la prensa.

Una tradición

El coordinador general de esta organización, abogado Marino Alvarado, cree que los poderes públicos pueden resolver esta situación, ya sea mediante la aprobación de una ley de amnistía en la Asamblea Nacional, o a través de decretos presidenciales de indulto, tanto para procesados como para penados.

"En Venezuela ha habido una tradición histórica de resolver por vía política lo que tiene que ver con los presos y los perseguidos políticos", recordó.

Alvarado indicó que en el país nunca se ha dado una amnistía general por vía legislativa, como ocurrió en Argentina con la promulgación de las leyes Punto Final y Obediencia Debida. Pero sí se han concedido indultos a miembros de grupos políticos, como parte de políticas generales de pacificación.

Así ocurrió durante los dos períodos de Rafael Caldera. En el último resultó beneficiado el actual jefe del Estado, Hugo Chávez, preso por el alzamiento armado de febrero de 1992. Caldera no sólo le concedió la libertad, sino que además le restituyó todos los derechos políticos, lo que abrió las puertas para que el teniente coronel retirado fuese candidato presidencial.

"El Gobierno debe considerar esta parte de la historia, y la realidad actual. Esto siempre se ha hecho para buscar la conciliación y abrir espacios al diálogo", afirmó Alvarado.

Igual consecuencia

El ex fiscal general de la República, Javier Elechiguerra, explicó que el indulto o la amnistía, aun cuando surgen de poderes distintos, tienen la misma consecuencia: la libertad de los presos por razones políticas.

"Creo que sería un buen gesto, una prueba de comprensión y apertura por parte del Gobierno. Pero me temo que eso no va a ocurrir. Ojalá me equivoque, pero el ambiente sigue caldeado", advirtió.

Expatriados

Un grupo de venezolanos residentes en Miami expresó su solidaridad con los presos y los perseguidos políticos. En un comunicado, expresan: "Quienes nos encontramos aquí, en representación de venezolanos que están expatriados en el resto del mundo, queremos hacer sentir nuestra voz de angustia por los compatriotas que se encuentran presos en cárceles venezolanas sin posibilidad alguna de defensa y de debido proceso, sufriendo reiteradas violaciones a sus derechos humanos por el único delito de disentir del régimen y luchar por la libertad y la democracia. "Nosotros nos consideramos también presos políticos que escogimos el exilio como vía de lucha y que estamos imposibilitados de volver a nuestro país sin que pese sobre nosotros el mismo destino de quienes ahora purgan condenas infinitas sin haber pasado por un juicio. Ellos son presos que no pueden salir. Nosotros somos presos que no podemos entrar". El comunicado fue suscrito por Gisela Parra, Juan Fernández, Javier Nieto Quintero, José Antonio Colina, Johan Peña, Pedro Lander, Alejandra Romero, Ricardo Guanipa, Edgar Quijano, Alejandro Velazco, Dugar Cortés, Luis Peña, Manuel Ramírez Wendehake, Franklyn Villafranca, Silvino Bustillos, Vanessa Salazar, Patricia Poleo y Henry Clement.

Costa Rica concedió refugio

El Gobierno de Costa Rica otorgó refugio a los coroneles Darío y Jesús Faría, y al capitán Rafael Faría Villasmil, quienes eran buscados en Venezuela luego de que se evadieron, en agosto de 2006, del Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, junto con el ex presidente de la CTV Carlos Ortega.

Los oficiales obtuvieron el beneficio el 4 de diciembre, porque pudieron documentar la persecución de la que fueron víctimas en los días previos a la detención y el procesamiento por delitos de rebelión y posesión de armas de guerra.

La Mancheta

¡Venezolanos, contad con la prisión aunque seáis inocentes!